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La Fiscalía pidió 11 años de cárcel para Eduardo Rodrigo.

En la cuarta jornada de la alegatos del juicio que investiga irregularidades en la financiera CBI Cordubensis, el fiscal Carlos Gonella pidió ayer duras penas para los acusados, entre ellos el titular de la extinta firma, Eduardo Rodrigo, para quien reclamó una condena de 11 años de prisión, apenas cuatro años menos que el abogado querellante, Carlos Nayi. Asimismo, solicitó que se le imponga un abultada multa de 1.021 millones de pesos. Rodrigo -quien llegó a juicio detenido y fue luego excarcelado bajo caución- es acusado como el jefe u organizador de una asociación ilícita que funcionó hasta el 14 de febrero de 2014.

En la misma audiencia, Gonella solicitó casi la misma condena para el arrepentido Miguel Ricardo Vera; en este caso, de 10 años de cárcel y una multa de 1.400 millones de pesos. A criterio del funcionario del Ministerio Público, los dichos de Vera no fueron suficientes para atenuar su pena.

En tanto, el resto de los socios Aldo Hugo Ramírez, Julio César Ahumada y Oscar Américo Altamirano, el fiscal pidió siete años de cárcel y le fijó una multa en 681 millones de pesos. En cambio, para el socio restante, Daniel Arnoldo Tissera.

planteó una pena de cuatro años de prisión y 340 millones de pesos en concepto de multa.

Finalmente, para Diego Ariel Sarrafián, a quien se acusa de haber aportado cheques y, en la etapa final, haber contribuido al vaciamiento de la firma ingresando valores incobrables, reclamó una condena de seis años y medio de prisión.

En el caso de Darío Onofre Ramonda, titular de Centro Motor SA, de quien Rodrigo era asesor financiero y quien, según la acusación, habría aportado capital y habría garantizado obligaciones asumidas por CBI, el fiscal solicitó tres años de prisión en suspenso.

La investigación

El Juzgado Federal N 2 de Córdoba analiza la responsabilidad de 16 personas acusadas de conformar una asociación ilícita que llevó adelante -de forma sistemática y habitual- millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva, lavado de activos y defraudación por retención indebida, accionar que era desplegado a partir de la estructura operativa brindada por la financiera “CBI Cordubensis”.

Es la primera vez que se juzgan hechos encuadrados en el delito de intermediación financiera no autorizada, figura incorporada en el artículo 310 del Código Penal en virtud de lo establecido por la ley 26733 de diciembre de 2011.

Tal como surge del auto de elevación a juicio, entre los delitos investigados sobresale la intermediación financiera sin autorización de la autoridad competente, es decir, del Banco Central de la República Argentina. Se estima que entre 2009 y 2013 circularon a través de CBI cheques por más de mil millones de pesos, los cuales fueron monetizados por medio de distintas cuentas, todas ellas con una particularidad en común: por distintas razones se encontraban exentas del impuesto a los créditos y débitos.

Tal como se estableció en la instrucción, las conexiones de los principales directivos de la firma con distintos referentes del ambiente industrial, comercial y político, municipal y provincial permitieron convertir a CBI “en una de las mesas de dinero más grandes de la provincia de Córdoba”. En este sentido, la firma ofrecía a sus potenciales clientes servicios de consultoría financiera, préstamos personales y empresariales y su correspondiente financiamiento, descuentos de cheques, caución de cheques en garantía de operaciones financieras y captación de ahorro del público mediante operaciones de depósito a plazo fijo simulado bajo la figura de contrato de asistencia financiera, todo ello sin contar con la debida autorización y regulación de la autoridad monetaria.

Cabe recordar que la elevación a juicio fue dispuesta por el juez Federal N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien decidió fraccionar en dos partes la causa. Queda pendiente un segundo juicio con el segundo tramo de procesamientos. La segunda parte de la acusación fue confirmada por la Cámara Federal de Córdoba y podría ser elevada el año próximo.

El Tribunal Oral 2 está integrado por José Fabián Asís y Carlos Julio Lascano, junto a Jaime Díaz Gavier, del Tribunal Oral Federal Nº1. El veredicto se conocerá el próximo 27 de este mes.